viernes, 12 de agosto de 2022

 De cara a la Auditoría Forense Antifraude (AFA)

 Mayra Guzmán De Los Santos.


 La auditoría forense antifraude es una nueva espacialidad del Contador, relativamente reciente, dada a luz a finales del año 2005, de la mano del Dr. Juan Iván Rogers Harper, autor del libro del mismo nombre “Auditoría Forense Antifraude (Guía Práctica)”, (Rogers, 2020), y fundador en el año 2008, del Instituto Internacional de Auditoría Forense Antifraude (IIAFA).

 El Dr. Rogers es el padre de la Auditoría Forense Antifraude, y a través del IIAFA, lleva su vocación como un ministerio, ofreciendo capacitación y asesorías a nivel mundial, a fin de dar a conocer la importancia y la necesidad de que nuestros países “estén en condiciones de atender integralmente las etapas de Prevención, Disuasión, Control, Cumplimiento Regulatorio, Manejo de Riesgos, Detección, Investigación y Aclaración de la ocurrencia de Fraude, Corrupción o Lavado de Dinero, que afectan como una epidemia los gobiernos, empresas e individuos mediante la implementación de programas preventivos antifraude y/o la emisión de informes de Auditoría Especial Forense independiente que mediante un dictamen determinan técnicamente la verdad de lo ocurrido y las personas relacionadas adjuntando las evidencias que lo sustentan.”  

 El Dr. Rogers prefiere usar el termino de lavado de dinero en vez de lavado de activos, ya que el lavado de dinero ocurre cuando ya ha habido antes fraude y corrupción.

 La investigación forense a cargo del Auditor Forense Antifraude (AFA), ante las sospechas de alegaciones específicas, para estar completa, deberá abarcar sus tres campos de estudio, a saber: el fraude, la corrupción y/o el lavado de dinero, para la búsqueda de la verdad material, primeramente, con fines preventivos, y de ser necesario, actuar de manera combativa, ante las sospechas de irregularidades.

La Auditoría Forense Antifraude tiene dos etapas o fases de operación: La preventiva, la más importante, llamada de tercer nivel, ya que representa el momento en que el fraude no ha sido detectado, y que según los estudios realizados, aportaría el 80% de la solución para este tipo de criminalidad.

La segunda etapa es la combativa, correspondiente al segundo y primer nivel: el fraude que se sospecha, o que ha sido investigado, o bien el que está siendo investigado, respectivamente. Si sacamos la cuenta, la etapa combativa, la de “persecución”, tiene tan solo un 20% de efectividad, y solemos tristemente esperar a que ocurran cambios de gobiernos para promover su accionar. Pero no olvidemos que también existe el fraude por omisión.

La Auditoría Forense Antifraude es la verdadera Auditoría Forense. La recomendación para abogados y contadores es a no vincularse a ningún proyecto de certificación que no incluya el manejo integral de la prevención y detección de Fraude, Corrupción y Lavado de Dinero, ya que si no están las dos etapas presentes el conocimiento no es completo. No se puede prevenir integralmente si no se sabe detectar, lo cual se obtiene con la experiencia y práctica profesional. Muchos autores hablan de Auditoría Forense desde la teoría, pero el Dr. Rogers lo hace desde su amplia práctica profesional.

La persona certificada como Auditor Forense Antifraude, deberá contar con valores éticos y morales que le hagan acreedor de respeto y credibilidad, así como contar con la formación multifacética e interdisciplinaria, que le permita rendir un informe acabado, lleno de certeza en su labor investigativa, enfocado en pruebas para confirmar o descartar.

 

1. Áreas fundamentales de la AFA

Que como ha expresado el padre de la Auditoría Forense Antifraude, el, “El Contador Público Autorizado no puede seguir silente ante la sociedad…” “…deberá contribuir a un mundo mejor, alejados de la pobreza, impunidad e injusticia social, que trae consigo la epidemia del fraude, corrupción y/o lavado de dinero a individuos, empresas y gobiernos.”

La auditoría forense antifraude (AFA), trata de dar la cara al problema del fraude, la corrupción y el lavado de dinero, como problema “social-contable”, comprometiendo al Contador y al Auditor a dejar su tradicional apatía frente a los problemas sociales, y contribuir con su formación, a una mayor justicia social, aportando para una cultura antifraude, anticorrupción y antilavado, y esto lo puede lograr incidiendo en sus tres áreas fundamentales: contable, técnico-investigativo, y legal.

Es un llamado, en cierta medida a que tanto el Contador como el Auditor se reinventen, a no conformarse con ser peritos, en rol de auxiliares de la justicia, si no que avancen en el compromiso de esclarecer la presencia de sucesos fraudulentos, con las evidencias contundentes de sus hallazgos y las personas relacionadas para la toma de decisiones particulares o judiciales.

Área contable. Permite aportar el 100% de las evidencias, señalando las personas relacionadas, no las responsables, pues la responsabilidad propiamente escaparía de su competencia, pues correspondería a la fase jurisdiccional. Como es entendible, se ha dicho que “la AFA es mucho más que una fiscalización y menos que un proceso judicial”.

Área técnico-investigativa. Es la parte medular de la investigación, va tras las evidencias de la posible ocurrencia de fraude, corrupción o lavado de dinero, cuyo resultado apoyado en un informe, constituirá base probatoria efectiva, contundente, en la toma de decisiones ante cualquier ámbito, sea público o privado; o bien, preliminar como prevención o reforzamiento de controles, (discreta o extra situ), o final (in situ), con sospechas o indicios de debilidades de control.

Área legal. Se enfoca básicamente en la presentación de las pruebas, que si bien es cierto tenemos libertad probatoria, éstas quedan reguladas por garantías de derechos fundamentales, que para su validez deberán acatarse rigurosamente, a fin de evitar su contaminación, lo que podrá dar lugar a que sean objetadas o invalidadas.

El artículo 69 numeral 8 de la Constitución dominicana establece que “es nula toda prueba obtenida en violación a la ley.”, lo que deberá cuidar que todo sea ajustado a legalidad.

 

2. De cara a la Ley 155-17, contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, de fecha 1 de junio de 2017, (que derogó la anterior Ley No. 72-02).

El artículo 2, numeral 2 establece quiénes serán las Autoridades Competentes, “de forma no limitativa”, que dentro de la asignaciones de sus diversas funciones garantistas, destacamos “la prevención, persecución y sanción del lavado de activos”, lo que valorando el espectro de atención propio de la Auditoría Forense Antifraude (AFA), bien debería nuestra ley dar espacio a la investigación desde esta especialidad, lo que constituye una formación integral, con una visión más amplia, partiendo no solo del “hacer” si no también desde el “no hacer”, la omisión, y de “quién, o a quién se beneficia con…”, lo que será de gran efectividad para la responsabilidad que dicha ley pone a cargo de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), así como a las demás Autoridades Competentes y Sujetos Obligados, financieros y  no financieros, señalados por la Ley.

El artículo 13 de la referida Ley, referente a técnicas especiales de investigación en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, y del juzgamiento de toda infracción prevista en la misma, lo limita a [..“además de las previstas en el Código Procesal Penal, el informante y la entrega vigilada”.

 Visto así, identificamos la necesidad de que la dicha “técnica de investigación especial’, integre al auditor forense antifraude, como voluntad comprometida con la eficiencia en la planificación.

 

3. El Instituto Internacional de Auditoría Forense Antifraude (IIAFA) y su 9na. Promoción.

 El IIAFA, es una institución académica con presencia a la fecha en 20 países, en la cual procura alcanzar además de Contadores a otros profesionales tales como abogados, administradores de empresas, ingenieros, médicos, psicólogos, etc., así como funcionarios del sistema de justicia penal, financiero, de la banca, etc., para capacitarlos al nivel que demandan las necesidades actuales, rompiendo las barreras que tradicionalmente han estado a favor del fraude.

Actualmente el IIAFA, juntamente como el Instituto de Contadores Públicos de la República Dominicana (ICPARD) y el Instituto Dominicano de Auditores Forenses (IDAF), así como más de una decena de organizaciones que conservan convenio, de las cuales destacamos a la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), realizó su 9na. promoción internacional, con 64 profesionales de la Contabilidad y del Derecho, con representantes de Panamá, Perú, Ecuador y la República Dominicana, que luego de superar los estudios y requisitos exigidos, estarán siendo certificados como Auditores Forenses Antifraude.

En el país, 20 profesionales, (dentro de los cuales estoy incluida), en representación de varias entidades gubernamentales y no gubernamentales, estarán siendo investidos y certificados en la graduación a celebrarse en Panamá, el día 12, y en nuestro país, el próximo martes 16 de agosto.

Parte de los requisitos que exige el IIAFA para otorgar la certificación, es someterse voluntariamente a la prueba del polígrafo, herramienta científica utilizada para contrastar la veracidad del testimonio, en este caso, deberá cumplir con rasgos de honestidad en la conducta personal y profesional, sin antecedentes vinculados o relacionados con inconductas o delitos, a fin de despejar dudas del potencial certificado en temas de fraude, corrupción, lavado de dinero, consumo de sustancias ilícitas, entre otros.

 

Finalmente, ¿a qué aspiramos?

  • A que Contadores y Auditores rompan el silencio frente a los problemas de política contable nacional, y den la cara en favor de la prevención junto con el combate de la criminalidad, de la mano con la nueva especialidad de la Auditoría Forense Antifraude.
  • Que eduquemos para una cultura antifraude, anticorrupción y antilavado de dinero, con el propósito de lograr un país que se aleje cada vez más de estos flagelos que nos castigan con pobreza física y espiritual, ante la recurrente impunidad de los infractores.
  • Que podamos contar con el informe del auditor forense antifraude en todos los casos de fraude, corrupción y lavado de dinero, en fase jurisdiccional, que si bien es cierto no ata al juez, pero de no valorarse como prueba que produzca certeza, positiva o negativa, deberá antes el juzgador motivarlo, como bien le obliga el artículo 24 del Código Procesal Dominicano, lo que será muy difícil de lograr ante la rigurosidad científica de la cual estará revestido dicho informe.
  • A reconocer la ardua labor, la vocación y el compromiso social de panameño, Dr. Juan Iván Rogers Harper, que fruto de la experiencia por más de 20 años realizando decenas de auditorías forenses, con diversos fines, nos ha legado una rama especializada de la Contabilidad, para establecer la estrategia y la planificación que nos conduzcan al tesoro de la verdad.

 

12 agosto, 2022

Tomado de: https://hoy.com.do/de-cara-a-la-auditoria-forense-antifraude-afa/

jueves, 14 de julio de 2022

 

El Gobierno presentó su Estrategia Nacional Anticorrupción sustentada en nueve ejes

julio 14, 2022

EJECUTIVO. Guillermo Lasso, presidente de la República.

Las presuntas infracciones que se pudieran cometer en relación a sobornos, cohecho y concusión.

En al menos en 30 instituciones del Ejecutivo la secretaría de Política Pública Anticorrupción identificó un esquema de delitos que se pudieran cometer en relación a sobornos, cohecho y concusión. Esta es una de las conclusiones a las que llegó Luis Verdesoto, titular de esta instancia del Estado.

Durante la presentación de la Estrategia Nacional Anticorrupción (ENA), el funcionario alertó que son patrones de infracciones ligadas a procesos “perfectamente diseñados”.

A esto se suma la discrecionalidad como una forma de evitar colaborar para que los procesos se ejecuten de la mejor forma. “A veces los excesos de discrecionalidad llevan a cometer esas infracciones; esto es algo que está bastante claro”, puntualizó.

¿Quiénes o qué instituciones están identificadas con este perfil? Verdesoto detalló que en este momento el presidente de la República, Guillermo Lasso,  tiene en sus manos un manual de 30 instituciones y los riesgos que se pueden generar en  cada una de ellas.

A partir de este momento será decisión del jefe de Estado  dar a conocer qué ocurre, por ejemplo, en el Banco Central del Ecuador (BCE), ministerio de Finanzas, etc.

¿Cuáles son los parámetros sobre los cuales la secretaría plantea una determinación de riesgos?   Por ejemplo, cuando un  funcionario  tiene  una  considerable exposición al público está expuesto a un alto grado de posibilidad de pedir sobornos o que, a su vez,  lo acepte. Otro peligro, en el sector público, puede circunscribirse a una demora en el pago de planillas o aplazar contratos.

Entre las áreas de riesgo identificadas figuran el sector petrolero (producción, contratos, comercialización, refinación, transporte), el sector de telecomunicaciones, minería, transporte y obras públicas, salud, financiamiento. Tras la presentación de este esquema, el régimen espera ver resultados en tres años.

La Estrategia Nacional Anticorrupción tiene el objetivo de generar políticas y acciones preventivas frente a una amplia gama de riesgos de corrupción que atentan contra el Estado de derecho y la democracia.

 

Código de Ética

El Jefe de Estado agregó que a la ENA se ha incorporado el Código de Ética que instruye la necesidad de examinar eventuales conflictos de interés, así como el despilfarro de fondos públicos; el cumplimiento estricto de los procesos de compras públicas; definición con precisión de los ingresos y gastos de la caja fiscal; controlar el pago de impuestos y posible lavado de activos.

Para Guillermo Lasso, la corrupción roba al Ecuador y a otros países miles de millones de dólares que pueden ser usados en otras necesidades. Por ejemplo, inaugurar 100 escuelas cuesta $7,5 millones; mientras que los actos de corrupción representan en promedio el valor de mil escuelas rurales por año.

Por ello, dijo, desde el Gobierno Nacional se trabajan en distintas acciones como la venta directa del petróleo a las refinerías para evitar la cadena de intermediarios.

Iván Correa, secretario General de la Administración Pública y Gabinete, recomendó que esta política debería trascender hacia todas las funciones del Estado.

 

Las investigaciones

En este proceso iniciado oficialmente en mayo de 2022, a partir de la firma del Decreto Ejecutivo 413,  se ratifica que la Estrategia Anticorrupción estará sustentada en una política de prevención.   Mientras tanto, la Fiscalía General del Estado (FGE),  a cargo de la investigación, y las sanciones y juzgamientos serán de responsabilidad de las cortes de justicia.

De ser necesario, la Secretaría Anticorrupción trabajará en los casos que el presidente de la República lo determine o en aquellos que tengan excesiva relevancia que obliguen a que de facto el Ejecutivo tenga que intervenir.   (SC)

 

Líneas de trabajo

Concientización de las dimensiones de la corrupción.

Responsabilidad compartida entre diferentes actores para la prevención.

Lucha focalizada contra la corrupción en escenarios críticos.

Prevención y trámite efectivo de los conflictos de interés.

Transparencia en el gasto público.

Desarrollo de capacidades institucionales.

Contratación pública responsable y transparente.

Prevención y lucha contra la corrupción transnacional.

Aplicación de tecnologías en la lucha contra la corrupción.

 

Ley de conflicto de intereses

La secretaria de Política Pública también enfocará sus esfuerzos en apoyar un proyecto de ley de conflicto de intereses.

Será un pilar fundamental en la lucha contra la corrupción, añadió Luis Verdesoto, quien anticipó que desde este espacio se apoyará el proceso de negociación con las bancadas legislativas para viabilizar su aprobación. «Si la aprobación (en el Legislativo) falla se habrá dado un retroceso en términos de lucha contra la corrupción».

 

Tomado de Diario La Hora. 14/07/2022

https://www.lahora.com.ec/pais/secretaria-anticorrupcion-fiscalia-cortes-justicia/


sábado, 26 de febrero de 2022

 Algunas reflexiones sobre la acreditación profesional

Autor: Mario E. Díaz Durán (Uruguay)


Contador Público (Universidad de la República, Uruguay). Magister en Entornos Virtuales de Aprendizaje (Universidad de Panamá). Doctor (c) en Educación Basada en Competencias en el Centro Universitario Mar de Cortés (México). Presidente de la Comisión Técnica Interamericana de Educación de la Asociación Interamericana de Contabilidad.

Desde hace muchos años existe una creciente preocupación sobre el tema de la acreditación profesional tendiente a lograr excelencia en la calidad del trabajo profesional.

Nos encontramos en un mundo globalizado en el que las fronteras se diluyen y todas las organizaciones sociales y empresariales enfrentan el desafío del cambio. Los procesos de reestructuración económica, la regionalización, las transformaciones científico-tecnológicas -entre otros aspectos- caracterizan un mercado laboral que desafía la imaginación y la iniciativa.

Las transformaciones del mundo productivo y del mercado de empleo, plantean redefiniciones a la educación y a la formación profesional. Nos enfrentamos a una demanda de recursos humanos cada vez más diversificada y complejizada, donde las innovaciones científico-tecnológicas plantean crecientes exigencias a los recursos humanos y los cambios en la organización del trabajo exigen nuevas capacidades de desempeño, comunicación y gestión a todos los actores.

La actividad profesional libre es de gran importancia en la economía moderna. El ejercicio profesional es un servicio, y como tal donde se genera un mayor valor agregado y, contribuye a mejorar el nivel de vida en las sociedades modernas.

En cuanto al ejercicio libre de profesiones, diversos elementos hacen oportuno realizar una reflexión acerca de la conveniencia de regularla y de la forma en que debe hacerse. La característica más resaltable en este sentido es que es necesario asegurar un nivel mínimo en la calidad de los servicios prestados por los profesionales.

Una persona demanda los servicios de un profesional, porque tiene una necesidad que no puede satisfacer él mismo. Sin embargo, los usuarios no pueden conocer la calidad del servicio que presta un determinado profesional hasta haberlo utilizado.

Esta característica de los servicios profesionales hace conveniente contar con un marco normativo que impulse a los profesionales a la prestación de servicios de alta calidad o, lo que es igual, que no pongan en riesgo los intereses de los consumidores.

Los dos principales elementos que regulan el ejercicio de las profesiones libres son la titulación, y la acreditación. Ambos elementos tienen por fin garantizar a los usuarios y consumidores una calidad mínima de los servicios profesionales contratados.

Al revisar las legislaciones de diferentes países se observa que algunas profesiones que requieren de un título universitario en un país, no los requieren en otros. Observamos también que los planes de estudio formales para una determinada profesión presentan algunas diferencias de país en país, o incluso dentro del mismo país.

Es frecuente ver también que la titulación técnica o universitaria no toma en cuenta la capacidad de los individuos de acumular conocimiento por sus propios medios, es decir, a través de un proceso de aprendizaje autodidacta.

Esta diversidad de factores hace compleja la estandarización de un modelo para ser utilizado en la región.

Un programa de certificación y acreditación profesional debe cumplir las siguientes funciones:

  • contribuir al aseguramiento de la calidad de los servicios y productos profesionales,
  • proporcionar la posibilidad de confirmar la actualización de conocimientos dentro de su competencia profesional,
  • reconocer que un profesional dispone de los conocimientos, las destrezas y habilidades que lo hacen competente para la realización de tareas específicas con base a una norma reconocida,
  • identificar a aquellos profesionales que cumplen con las normas de calidad nacionales para el ejercicio profesional,
  • promover el bienestar socioeconómico de los profesionales, incrementando la profesionalización y confiriendo responsabilidad, identidad y prestigio,
  • contribuir a la reglamentación de la formación y del ejercicio profesional,
  • proteger a los usuarios del riesgo de recibir servicios y productos de dudosa calidad, a través de la verificación de la competencia profesional de quienes otorgan el servicio mediante el establecimiento de normas y criterios para el otorgamiento de certificados y licencias,
  • promover el desarrollo científico de las profesiones.

Las asociaciones profesionales al igual que las instituciones de las cuales provienen han comprendido la importancia que tiene la autonomía y la autorregulación profesional mediante procesos de evaluación basados en normas de calidad profesional, con el objeto de:

  1. incrementar la calidad de los servicios profesionales,
  1. impulsar la actualización y la capacitación profesional,
  1. incrementar la cultura de la colegiación.

 La certificación otorga reconocimiento público a un profesional por poseer los conocimientos, las habilidades, las actitudes y los valores requeridos para el ejercicio de su práctica profesional y por haber cumplido con los criterios de calidad predeterminados y establecidos por el organismo certificador.

La vigencia de la constancia de certificación otorgada es variable de acuerdo al país y al organismo certificador, aunque generalmente tiene una vigencia de tres años.

La función de la certificación tiende a contribuir con la calidad de los servicios reconociendo que el profesional cumple con los conocimientos, destrezas y habilidades prácticas que lo hacen competente para el ejercicio de su profesión. Entendemos por competencia la aptitud de un profesional para integrar y aplicar conocimientos, habilidades y actitudes, asociadas al conjunto de comportamientos, observables y medibles, que verifican la misma.

Este proceso confirma la actualización permanente, siendo un modo de informar a los usuarios que cumple con las normas de calidad, proporcionando prestigio al profesional.

La importancia de la acreditación y la certificación es una respuesta a ese interés creciente que se concede al control de calidad, lo cual comprende tanto la formación de los recursos humanos como el ejercicio de la profesión.

La exigencia de elevados estándares para la formación de los profesionales está estrechamente vinculada al vertiginoso desarrollo de la ciencia y la tecnología de los últimos tiempos y, al mismo tiempo a los cada vez más dinámicos y rápidos sistemas de comunicación.

Las expectativas de las sociedades, es que a través de la educación sus recursos humanos, alcancen la formación y capacitación adecuada para satisfacer la creciente demanda de servicios profesionales.

La masividad de instituciones educativas, tanto públicas como privadas, acentúa la necesidad de desarrollar o fortalecer mecanismos que permitan a los usuarios a verificar las condiciones en que se forman los estudiantes.

Debe existir, además, un reconocimiento formal de las competencias de las personas, independientemente de la forma en que hayan sido adquiridas o de si tienen o no un título o grado académico otorgado por la enseñanza formal.

La acreditación surge como un proceso mediante el cual se observan y reconocen las “buenas prácticas” de los profesionales en sus actividades, constituyéndose en una excelente herramienta para promover el desarrollo profesional y la mejora continua, siendo un reconocimiento del nivel de competencias que poseen los profesionales.

La acreditación permite adquirir nuevas competencias en la búsqueda de determinados niveles de desarrollo a lo largo de la vida profesional, es un requerimiento imprescindible para promocionar el nivel de la profesión.

Al analizar un posible proceso de acreditación o certificación profesional a nivel regional, que permita el libre tránsito de profesionales y su ejercicio en los distintos países de América, nos surgen una serie de posibles problemas que requieren de un pormenorizado estudio, tratando de diluir las asimetrías que podrían darse.

Indudablemente esto requerirá de una armonización y convergencia previa, en un proceso que puede llevar cierto tiempo, desde el momento en que en algunos casos se requerirá de modificaciones de índole legal.

De un análisis general efectuado, detectamos un elenco de quince problemas que se presentan a la hora de la acreditación, que podemos resumir en:

  1. dos problemas de terminología;
  1. cuatro de convalidación;
  • dos de control de aptitud;
  1. cuatro de requisitos de ejercicio;
  1. tres de condiciones económicas.

3.1     Problemas de terminología

  1. Uno de los posibles problemas se refiere a la diversidad en la denominación de la titulación. En los distintos países de América, encontramos diferentes maneras de asignarle un nombre a la titulación académica de grado, así encontramos títulos, diplomas, certificados. Hay países en los que el título es habilitante para el ejercicio profesional, en otros se requiere un examen de aptitud profesional. Encontramos también casos en que algunas de las profesiones no están reglamentadas e incluso no requieren de formación universitaria. Podemos detectar problemas de incumbencias, entendiendo por estas el ámbito de ejercicio profesional, donde en algunos países las líneas de división no son tan claras. Hay también situaciones de diplomas polivalentes, donde se yuxtaponen más de una profesión.
  1. Otro de los posibles problemas tiene que ver con los criterios de convalidación, equivalencia o reconocimiento de los diferentes títulos, así como el efecto civil de dichas situaciones. Podemos encontrarnos con carreras que existen en algunos países e inexistentes en otros. Es necesario determinar la equivalencia razonable entre los diferentes títulos de grado y posgrado. No podemos tampoco dejar de mencionar la existencia de tratados internacionales no comunes a todos los países de América (MERCOSUR, TLC, Pacto Andino, ALCA, etc.) y las consecuencias en el ejercicio profesional ultrafronteras.

 3.2     Problemas de convalidación

Básicamente los cuatro problemas que podemos encontrar son:

  1. acceso a la enseñanza superior: tiene que ver con la edad de acceso a la misma, así como con la enseñanza media como requisito de estudios preuniversitarios que permiten el acceso a la enseñanza terciaria o superior;
  1. duración de las carreras: tanto en años como en horas académicas;
  1. programas: estructura y contenido de los mismos, y los criterios de evaluación respectivos. Acá nos podemos encontrar con diferencias importantes;
  1. práctica de actividades: podemos encontrar pasantías, así como ciertas actividades de capacitación a controlar por las instituciones académicas como por las organizaciones profesionales.

 3.3     Problemas de control de aptitud

  1. Tiene que ver con el proceso de verificación de actualización permanente de conocimientos, donde encontramos diferentes alternativas: actividades de capacitación permanente, actividades de docencia, actividades de investigación, publicaciones, entre otras.
  1. No en todos los casos se considera la realización de pruebas como herramienta de control de aptitudes y competencias, y en los casos en que estas se realizan, pueden ser periódicas o complementarias.

3.4     Problemas de requisitos de ejercicio

En este caso, nos podemos encontrar con diferentes situaciones. Entre ellas tenemos:

  1. conocimiento de idiomas: si bien en nuestra América, no tenemos gran diversidad de idiomas, por lo menos tenemos cuatro idiomas principales, lo que nos puede llevar a algunos inconvenientes en el momento del ejercicio profesional.
  1. Conocimiento de legislación: es necesario un conocimiento específico de la legislación fiscal, comercial, civil, etc. vigente en cada país.
  1. Numerus clausus: si bien no se da en forma expresa en algunos países, podemos encontrarnos con limitaciones de proporcionalidad por nacionales o control indirecto del número de profesionales.
  1. Colegiación: en algunos países se da el control obligatorio del ejercicio profesional, mientras en otros se da en forma voluntaria, y en otros no existe.

3.5     Problemas de condiciones económicas

En este caso podemos encontrar algunas situaciones que pueden generar asimetrías. Básicamente nos referimos a:

  1. sistemas de remuneración: los sistemas de remuneración están relacionados con la forma del ejercicio profesional, pudiendo ser esta en carácter de asalariado (o en relación de dependencia) o por el ejercicio liberal de la profesión. Encontramos así aranceles, ya sean oficiales o de aplicación libre.
  1. Seguridad social: los regímenes de seguridad social adoptan diferentes soluciones, muchas veces en función de la forma de ejercicio profesional. Se requerirá el reconocimiento de aportaciones a los distintos sistemas y su posible unificación.
  1. Régimen impositivo: también encontramos diversos sistemas fiscales, que gravan diferentes materias imponibles, también en este caso se nos da la necesidad de armonizar dichas situaciones y contemplar posibles formas de compensación.

Estos quince posibles problemas detectados, son causas y consecuencias de diferentes asimetrías que pueden traer una desigualdad entre los profesionales – tanto al interior de un país como hacia otros países – en el momento de su ejercicio profesional.